La Xunta y el Consejo de la Abogacía Gallega pactan nuevas mejoras en la prestación de la asistencia jurídica gratuita que dan respuesta a históricas demandas de los colectivos profesionales de abogados y procuradores, al tiempo que garantizan el acceso de toda la ciudadanía gallega a este servicio. Entre las medidas acordadas figuran la actualización e inclusión de nuevos conceptos en el baremo de indemnizaciones o la reducción de la tramitación en el pagado de la representación y defensa de las personas insolventes que no han reconocido el servicio de derecho de justicia gratuita.
Los avances se cerraron en una reunión entre el director general de Justicia, José Tronchoni, con representantes del Consejo de la Abogacía Gallega, de los siete colegios de la abogacía de Galicia y del Consejo Gallego de Procuradores, en el marco del compromiso conjunto por alcanzar soluciones que beneficien tanto la profesionales del ramo como a la población.
Así, se acordó incluir en el baremo de indemnizaciones conceptos como la intervención letrada en entradas y registros domiciliarios, el proceso concursal y procesos de especial complejidad en todas las órdenes. Además, se prevé una revisión de todas las cantidades del baremo.
En lo que se refiere a la reducción de la tramitación en el pagado de la representación y defensa de las personas insolventes que no han reconocido el servicio el derecho de justicia gratuita, la declaración responsable de la persona letrada será posible para acreditar la insolvencia. Se busca así facilitar el cobro por los servicios sin necesidad de tener que acercar pruebas. A cambio, el letrado designado tendrá que renunciar a la jura de cuentas y al cobro de la prestación por el cliente.
A mayores de estas medidas, se acordó mantener los convenios vigentes entre la Xunta y el Consejo de la Abogacía Gallega, que ya amplían la cobertura de la justicia gratuita en Galicia la actuaciones no previstas en la legislación estatal. Se garantiza así el acceso de toda la ciudadanía gallega a la justicia.
En el encuentro en el que se pactaron las mejoras participaron el presidente del Consejo de la Abogacía Gallega y decano del Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de A Coruña, Augusto José-Cepeda, junto con el secretario técnico del Consejo, Sergio Aramburu, los decanos de los ICA de Santiago, Francisco José Rabuñal, de Ferrol, Luis Torres, y de Lugo, José Félix Modelo, las decanas del ICA de Pontevedra, Gema Rial, de Vigo, Lourdes Carballo, y de Ourense en funciones, Esperanza Fernández, así como el vicedecano del Consejo Gallego de Procuradores, Fernando González-Concheiro. Todas las entidades representadas incidieron en el diálogo constructivo y el compromiso mutuo como bases para estos acuerdos fundamentales de cara a la consecución de reivindicaciones históricas de la abogacía.
Más de 164 M€ invertidos desde 2009
Hace falta recordar que la Xunta mantiene un compromiso constante con el servicio de asistencia jurídica gratuita con 164,4 millones de euros invertidos desde 2009. Además en el período entre 2010 y 2023 el porcentaje de incremento de gasto anual fue de un 28,5% con un promedio de casi 13 millones de euros en los últimos dos años.
El Gobierno gallego viene introduciendo en los últimos años incrementos en las compensaciones y mejoras en la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita, que prestan los colegios profesionales, y que es fundamental para garantizar la igualdad de condiciones de toda la ciudadanía en el acceso a la Justicia. Por eso, Galicia es una comunidad que paga pronto y puntualmente las certificaciones remitidas por estos entes colegiales. En concreto, es una de las autonomías que mejor retribuye los profesionales del turno de oficio conforme al baremo consensuado en 2021 con el Consejo Gallego de la Abogacía y el Consejo Gallego de los Procuradores y vigente hasta 2025 gracias a la subida de un 15% en los baremos pactados.