El Inega suma en 2022 cerca de 54M€ para avanzar hacia una Galicia sostenible a través de las renovables y la eficiencia energética

La directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales, Paula Uría, compareció hoy en el Parlamento gallego para presentar los presupuestos del Inega para el próximo año

La directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales, Paula Uría, presentó esta tarde en el Parlamento gallego los presupuestos del Instituto Energético de Galicia (Inega) para el próximo año, que suman 53,7 millones de euros, con el objetivo de promover un modelo energético sostenible a través del impulso de las renovables y la eficiencia y el almacenamiento de energía.

Así, el Inega contará en el 2022 con el mayor presupuesto de su historia, incrementándose en un 38,9% con respecto a la actual anualidad, lo que, en palabras de Uría como directora también de este Instituto, demuestra el compromiso de la Xunta hacia buscar el equilibrio entre el progreso social y económico de Galicia y el respeto al medio natural.

En este sentido, la directora general indicó que se tratan de unas cuentas acordes a los objetivos de descarbonización fijados por Europa, que pretenden la reducción en un 55% de gases de efecto invernadero en 2030 y la neutralidad climática en 2050. “Con estos presupuestos se van a movilizar más de 140 millones de euros en inversiones que serán pilares fundamentales hacia la descarbonización de la economía gallega y para lograr la reactivación y la recuperación de la actividad productiva, así como para contribuir a la cohesión social y territorial”, apuntó Uría.

En un contexto como el actual, donde los elevados precios energéticos están afectando tanto a la competitividad del tejido industrial y empresarial como a las familias, el Gobierno gallego apuesta en sus cuentas de 2022 por el fomento de inversiones y proyectos que faciliten una transición energética justa para los sectores económicos, al tiempo que contribuyen a reducir el impacto en la factura eléctrica de los consumidores.
Entre otras iniciativas, se fomentará el autoconsumo de renovables y la eficiencia energética en los hogares, las pymes y autónomos, con una inversión que suma cerca de 26 millones de euros, destacando los 17,1M€ destinados al fomento del autoconsumo eléctrico y almacenamiento y al impulso de comunidades energéticas locales.

También se destinarán 7,2 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en la industria y cerca de un millón para ayudar al sector agroganadero. Una partida de 9,5 M€ será para actuaciones de movilidad sostenible, con la aprobación del Plan gallego de transición hacia una movilidad eficiente (2,5 M€), y para la adquisición de vehículos eléctricos y la implantación de infraestructuras de recargo (7M€) a través del plan Moves.

Fuentes renovables

Uría quiso destacar también que el Gobierno gallego seguirá trabajando en el ámbito de las energías renovables marinas, consolidando el Observatorio de eólica marina como foro de encuentro, con el objetivo de garantizar el desarrollo de esta tecnología renovable desde el respeto, el equilibrio y la compatibilidad con las actividades pesqueras y la preservación del ecosistema marino. A este respeto, la Xunta de Galicia, impulsará la creación de un centro de I+D+i en energías renovables marinas y almacenamiento energético.

Al mismo tiempo, el Inega continuará promoviendo el uso de la biomasa y de otras energías alternativas de uso térmico, dando ejemplo desde los edificios del sector público autonómico.

“Apostamos porque Galicia se consolide como un polo energético innovador, con especial impulso al hidrógeno verde y el almacenamiento, así como la implantación de nuevas tecnologías de energías renovables que supongan una consolidación de empleo en el tejido empresarial gallego”, apuntó Paula Uría.

La directora general quiso cerrar su comparecencia destacando el papel decisivo y necesario que pueden desempeñar los fondos europeos Next Generation como motor de impulso para llevar adelante los grandes proyectos transformadores en el tejido productivo de cara a una transición justa, por lo que abogó por la máxima colaboración y coordinación entre administraciones públicas y agentes sociales.

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