La Xunta lamenta la falta de transparencia y los constantes intentos del Gobierno central de eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa independientemente de su impacto social y económico. Lo hace ante la consulta pública previa iniciada por el Ejecutivo central para tramitar un nuevo reglamento general de costas a consecuencia de la anulación del anterior -de 2022- por parte del Tribunal Supremo, entre otras cuestiones por haber prescindido precisamente de este trámite de consulta pública previa.
Ante esta situación, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, y el conselleiro do Mar en funciones, Alfonso Villares, mantuvieron un encuentro con representantes de los ayuntamientos y de la cadena mar-industria para analizar esta cuestión y animarlos a presentar sugerencias con el objetivo de hacer frente a las pretensiones del Gobierno central de eliminar del litoral las instalaciones asentadas en dominio público marítimo-terrestre.
La vicepresidenta segunda en funciones recordó que la consulta pública previa se abrió el pasado 1 de marzo y que el plazo de los interesados para aportar consideraciones finaliza el próximo viernes. En este sentido, lamentó que se trata de una consulta formal pero no real pues no se prevén grandes novedades en el reglamento respeto del anterior -que estaba recurrido también por la Xunta ante el Tribunal Supremo- y que seguirá poniendo limitaciones a las concesiones con el correspondiente riesgo para el futuro de las edificaciones y actividades que se desarrollan en la costa.
El Ejecutivo gallego ya tiene preparadas sus sugerencias la esa consulta, que está redactada como si fuera la primera vez que se intenta modificar el reglamento, sin ninguna referencia a que el anterior fue anulado o a que ya existe un texto articulado. Además, tampoco informa del alcance de la reforma, lo que impide presentar una opinión fundamentada de cara a la supuesta elaboración del texto.
“No se justifican los problemas concretos que se pretenden solucionar con el nuevo reglamento y sólo se hace una referencia genérica a la extraordinaria presión humana de la franja costera al tiempo que se señalan el calentamiento global y la subida del nivel del mar como algunos de los principales problemas a resolver”, denunció Ángeles Vázquez.
La responsable autonómica lamentó que la consulta toma como punto de partida a consideración de que la costa está muy masificada y emplea datos globales en los que se Galicia está adscrita a las mismas consideraciones que el Mediterráneo. “Deberían evaluarse estas cuestiones desde una perspectiva autonómica pues nuestra realidad no tiene nada que ver con la del Mediterráneo y aquí muchas industrias y miles de empleos dependen de su localización en el litoral”, aseveró la vicepresidenta segunda en funciones.
A mayores, cuestionó que la única solución que proponga el Gobierno central para hacer frente al cambio climático sea retirar todas las instalaciones de la línea de costa en lugar de buscar medidas alternativas para que cuestiones como esa subida del nivel del mar no pongan en riesgo su futuro y la viabilidad de su actividad.
Sin gestión integrada
En esta línea, la Xunta censura que el Gobierno central prescinda de una perspectiva de gestión del litoral integrada -armonizando la gestión de los recursos naturales y de los ecosistemas con el desarrollo económico y social-, cuestión que sí atendía la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, que fue recurrida por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional.
Ángeles Vázquez denunció que con la tramitación del reglamento general de costas -en el que no se esperan cambios respeto al anterior y que había sido recurrido también por la Xunta- el Gobierno central ataca por sexta vez en seis años al complejo mar-industria gallego y a las instalaciones presentes en dominio público marítimo-terrestre.
Por eso, trasladó a los ayuntamientos y a los representantes de la cadena mar-industria el apoyo del Ejecutivo gallego en la defensa de sus intereses con la finalidad de que no se cumplan los peores presagios y se vuelva a aprobar un reglamento general de costas idéntico al anterior, que causaría grandes perjuicios socioeconómicos a medio y largo plazo en Galicia.
El conselleiro do Mar en funciones, por su parte, agradeció la presencia de la cadena mar-industria en un encuentro que se enmarca en el diálogo constante y las vías de colaboración abiertas con sus representantes, dejando bien claro que Galicia apostó, apuesta y apostará siempre por el desarrollo sostenible de la actividad económica en el litoral. Se trata de personas y empresas, destacó, que con su trabajo generan riqueza y contribuyen a fijar la población en las comunidades costeras.
Por eso, Alfonso Villares calificó de nuevo ejercicio de cinismo político que el Gobierno central abriera la consulta pública previa a la modificación del reglamento general de costas después de que el Tribunal Supremo anulara el anterior. Para Alfonso Villares la realidad es que la norma ya está escrita y va a ser la misma que anuló el Alto Tribunal por su anterior ejercicio de oscurantismo.
El conselleiro do Mar en funciones señaló que la Xunta mantendrá una oposición frontal a esta normativa, que afecta al centenar de concesiones de empresas de la cadena mar-industria de Galicia y otras 4.000 edificaciones asentadas en terreno de dominio público marítimo-terrestre. Su fin es eliminar la presencia humana del litoral, convirtiéndose en una más de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez que provocan un daño socioeconómico tremendo al sector y al conjunto de la comunidad gallega.
La Xunta recuerda que su ley del litoral aportaba la seguridad jurídica necesaria para que el conjunto de las empresas y de las familias que viven del mar en Galicia no vieran amenazado su sustento económico, conscientes además de que nadie puede ordenar mejor su costa que la propia comunidad. En esta línea, Alfonso Villares señaló que esa continuará siendo la senda de trabajo de la Xunta, haciendo frente a los ataques del Gobierno central y velando por el futuro de un sector vital para la autonomía como el del mar.