La Xunta consolida la mediación como alternativa a la resolución de conflictos judiciales con la renovación de la colaboración con los colegios de procuradores

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, firmó hoy con el presidente del Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales, Fernando González-Concheiro, el convenio de colaboración, dotado de 25.000€, para llevar a cabo este servicio en las jurisdicciones del Civil y Mercantil

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, firmó esta mañana con el presidente del Consejo Gallego de los Procuradores y de los Tribunales, Fernando González-Concheiro, el convenio de colaboración a través del que la Xunta destinará 25.000 euros para apoyar los servicios de mediación judicial en materia civil y mercantil por parte de personal cualificado de los colegios de procuradores de la comunidad. Al acto también acudió el director general de Justicia, Juan José Martín.
El Gobierno gallego consolida así la mediación como alternativa a la resolución de conflictos judiciales en el ámbito empresarial que correspondan con las jurisdicciones Civil y del Mercantil, reforzando la colaboración mantenida con este colectivo de forma continuada desde 2014. Además, este año incrementará el apoyo respeto a los 21.000 euros del año pasado.
La Xunta también renovó el mes pasado la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mantener el acuerdo que desde 2015 permite impulsar la mediación y otras formas pacíficas de resolución de conflictos como opción alternativa y complementaria al proceso judicial. En el marco de este convenio se renovarán también los acuerdos con los colegios de abogados de la comunidad, a través del Consejo de la Abogacía Gallega, con el objetivo de desarrollar programas de mediación familiar y en el ámbito penitenciario.
Además, desde 2016 permanece vigente un programa experimental de mediación en el ámbito penitenciario puesto en marcha por la Xunta con el Centro Integral de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidade de Santiago, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y el Colegio de Abogados de Santiago.
Alfonso Rueda recordó que el Gobierno gallego apuesta desde 2009 por facilitar a la ciudadanía soluciones idóneas en la resolución de controversias al margen de la vía judicial. Para conseguir este objetivo -explicó- es fundamental la coordinación entre instituciones, así como el compromiso que en estos años adquirieron en este ámbito profesionales de la Administración de justicia como miembros de la carrera judicial, fiscales, letrados, abogados y procuradores.
Por parte de la Xunta, el compromiso con la mediación se materializó en varias experiencias impulsadas desde 2009 para garantizar espacios para la resolución de conflictos por esta vía, junto con una importante inversión de 2,3 millones de euros desde 2013.

Asistencia jurídica gratuita

El vicepresidente primero de la Xunta también le trasladó hoy al presidente del Consejo Gallego de los Procuradores y de los Tribunales, que la Xunta incrementará en un 15% de promedio las compensaciones económicas a los colegios de abogados y procuradores por las actuaciones en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita. Las nuevas cuantías estarán vigentes desde el cuarto trimestre de este 2021 con un horizonte temporal de 4 años.
Las mejoras suponen, en el caso de los procuradores, el incremento de las cuantías en distintas actuaciones como las intervenciones ante lso Juzgads de Instrucción en procedimientos abreviados, en juicios orales penitenciarios o en los procesos de medidas provisionales en materia de familia.
Alfonso Rueda destacó que el Gobierno gallego continúa avanzando así en la mejora de la asistencia jurídica gratuita, un servicio fundamental para garantizar la igualdad de acceso a la Justicia de toda la ciudadanía y que se refleja también en los presupuestos de la Xunta para 2022 con 13,3 millones de euros al turno de oficio. Desde 2009 se ha mejorado la prestación de la justicia gratuita gracias a la actualización de los baremos de compensación a los letrados y procuradores, un acuerdo con los colegios de abogados y procuradores que se mantuvo y que se fue actualizando hasta el año 2017, momento en el que se revisaron al alza las cantidades indemnizadoras por cada procedimiento.

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