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El PP reprocha a Lores su silencio y exige un Pleno Extraordinario para acordar políticas efectivas contra la inseguridad en Pontevedra. Domínguez aporta varias medidas políticas efectivas para atajar los problemas de convivencia y “pensar en el futuro de una Pontevedra moderna y segura, no quedarnos anclados en el pasado con un alcalde ausente que permite que se degrade nuestra ciudad”
Ana Belén Vázquez deja en evidencia al PSOE y al BNG con las cifras del Ministerio del Interior: las infracciones penales han aumentado un 19%, las agresiones sexuales un 500% y las riñas tumultuarias un 250% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno
Pepa Pardo: “¿Cómo puede Eva Villaverde decir que la Policía Local no tiene competencias en seguridad ciudadana cuando ella es concejala de Protección Ciudadana? ¿Lo siguiente será suprimir esa área de gobierno?”
El presidente y portavoz del Partido Popular en la ciudad de Pontevedra, Rafa Domínguez, la secretaria nacional de Interior del PP y diputada en el Congreso, Ana Vázquez, y la secretaria general del PP local y senadora, Pepa Pardo, han exigido la convocatoria de un Pleno Extraordinario en el Concello de Pontevedra para “poner en común nuestras propuestas y acordar medidas políticas efectivas que permitan atajar con urgencia los crecientes problemas de convivencia y seguridad ciudadana”.
Los populares han sido muy críticos con el silencio del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que no ha hecho ninguna declaración desde que el martes se produjese el apuñalamiento de tres personas a plena luz del día en la Plaza de Barcelos. Además de pedir su dimisión, Domínguez ha solicitado reforzar los medios humanos y técnicos de la Policía Local, aumentar las patrullas de agentes por las calles, duplicar el gasto mínimo en servicios sociales y asistir a la próxima Junta Local de Seguridad para fiscalizar el trabajo insuficiente del Concello de Pontevedra y la Subdelegación del Gobierno.
“Tenemos que pensar en el futuro de una Pontevedra moderna y segura, no quedarnos anclados en el pasado con un alcalde ausente que permite que se degrade nuestra ciudad. No voy a consentir que haya peleas, agresiones o hurtos y se nos diga que son hechos puntuales”, ha añadido Domínguez.
En el turno de palabra anterior, Ana Vázquez ha expuesto con las últimas cifras del Ministerio del Interior el “preocupante aumento de la criminalidad” en la capital de la provincia desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.
Las infracciones penales han aumentado un 18,8%, de 675 a 802, en solo siete años. El dato más alarmante lo representan los delitos contra la libertad sexual. En los tres primeros meses de 2018 se registraron tres agresiones sexuales y, en el mismo periodo de 2025, esa cifra se ha disparado un 500% con 18 casos. Igualmente, se han incrementado notablemente las riñas tumultuarias un 250%, reflejo de que la conflictividad en las calles de la ciudad de Pontevedra es cada vez mayor.
Otro foco de atención para la portavoz nacional de Interior es el repunte del 55% de los delitos de violencia de género. A pesar de ello, el Gobierno central ha mantenido el mismo número de efectivos en toda la provincia, con 31 agentes de Policía Nacional y 31 de Guardia Civil, con una media de 700 víctimas atendidas por agente en cada turno, siendo una de las ratios más altas de España.
Respecto a las dependencias policiales, ha denunciado la falta de recursos porque de los 44 cuarteles existentes en la provincia, solo permanecen siete abiertos. El PP ha exigido el cumplimiento inmediato de la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados, que contempla la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) con 31 agentes para la ciudad de Pontevedra, la construcción de la nueva comisaría y la dotación de 22 policías más para reforzar el cuerpo nacional.
En este sentido, Pepa Pardo ha recordado que el BNG se ausentó y el PSOE votó en contra de la UPR en la Cámara Baja, por lo que presentará la misma proposición en el Senado: “Pedimos al Subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que se coordine con su partido porque, mientras él intenta engañar a los pontevedreses diciendo que sí, en Madrid el PSOE dice un no rotundo a la UPR”.
La concejala y senadora ha lamentado el negacionismo del gobierno local del BNG durante todo el mandato, al minimizar los altercados y rechazar la implementación de medidas propuestas por el PP para reforzar la seguridad. Asimismo, ha denunciado la falta de recursos humanos y materiales en la Policía Local, y el cuestionamiento de sus competencias por parte de la concejala responsable. “¿Cómo puede Eva Villaverde decir que la Policía Local no tiene competencias en seguridad ciudadana y a la vez ser concejala de Protección Ciudadana? ¿Lo siguiente del Bloque será suprimir esa concejalía?”, ha preguntado a la teniente de alcalde de Lores.
Pardo ha demandado también la instalación de cámaras de seguridad en puntos conflictivos de la ciudad y la creación del Consejo Local de Seguridad ciudadana con participación vecinal.
Los populares han avanzado que presentarán una iniciativa en el Parlamento de Galicia y exigirán, en Madrid, la comparecencia del ministro Marlaska ante los altercados, cada vez más frecuentes. “No se están dedicando los esfuerzos necesarios para la seguridad ciudadana. Desde el PP no lo vamos a permitir, los pontevedreses pagan impuestos para sentirse seguros”, han concluido.
Desde la Confederación Española de Policía, sindicato policial de referencia en Pontevedra, remarcan que el violento suceso de la Plaza Barcelos no es un hecho aislado, y apuntan a que es la consecuencia de años de abandono y dejación mientras denuncian la falta de policías nacionales en Galicia para hacer frente a la creciente violencia en las calles de Galicia
Denuncian desde la CEP, que llevan años avisando de la falta de policías y unidades de orden público en la ciudad de Pontevedra, y esta es la consecuencia de años de abandono institucional, “ahora a quien deben pedirle responsabilidades los ciudadanos es a aquellos que han hecho oídos sordos de los expertos en seguridad ante la falta de policías”.
Señalan que llevan más de catorce años reclamando más agentes para Pontevedra y la necesidad de implantar una Unidad de Prevención y Reacción -UPR- como las que tienen otras ciudades de Galicia, “y es que la Policía no solo está para repeler sino también para prevenir, y eso se hace falta a con presencia policial en la calle”, señalan y añaden que “es bien sabido que la superioridad numérica de policías en intervenciones violentas produce un efecto disuasorio que evita situaciones de grave riesgo”.
Apuntan a que el suceso de Barcelos no es un hecho aislado, “cada vez vemos que hay más armas en la calle, más pélelas multitudinarias, como las sucedidas en estos días en Ourense, Lugo, Ferrol o Vigo, y para hacerle frente hay que tener medios humanos y materiales acordes a las necesidades, y una legislación que castigue de verdad estos delitos, y hoy día nos encontramos que hay pocos policías en Galicia, y en concreto muy pocos en la ciudad de Pontevedra, y sumado a que la ley no castiga con firmeza este tipo de delitos obtenemos estas consecuencias, es un efecto llamada al todo vale, lo volvemos a decir, no es un hecho aislado, y la ciudadanía debe pedir responsabilidades y exigir medios al Gobierno como lo hacemos desde nuestra organización sindical”.
Además, desde la CEP indican a que hoy día desde alguna administración están más preocupados de poner bolardos que obstaculizan la labor policial que de servir a la ciudadanía y garantizarles su seguridad como se merecen, por eso anuncian que volverán a salir a la calle para denunciar esta situación y esperan que se sume la ciudadanía para exigir responsabilidades a aquellos que cierran los ojos y tapan sus oídos ante lo que denuncian que es una crisis de seguridad que están padeciendo los últimos años, pero eso sí “desde Interior se envía una instrucción a los policías donde se remarca a los policías que no pueden sancionar ante hechos como la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en el interior de vehículos estacionados”.
“Desde la Confederación Española de Policía pedimos mesura y diálogo, y que se nos escuche en todas las administraciones, ya que dar la espalda o despreciar los avisos de los profesionales de la seguridad tiene unas consecuencias y un precio muy alto”.
