La Xunta y la cadena mar-industria denuncian los efectos negativos en la actividad por la inseguridad jurídica generada por el recurso contra la Ley del Litoral Gallega

El conselleiro del Mar destaca que finalmente el gobierno del Estado recurrió solo el 15% del articulado de la norma autonómica lo que demuestra el rigor jurídico con el que fue elaborada y tramitada
Publicado por o día 19/11/2023 na sección de A Coruña,Mar

La Xunta y la cadena mar-industria denuncian los efectos negativos en la actividad por la inseguridad jurídica generada por el recurso contra la Ley del Litoral Gallega

El conselleiro del Mar, Alfonso Villares, reclamó una rectificación al Gobierno Central y retire el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la Ley del Litoral de Galicia para que la comunidad vuelva a tener la capacidad de tomar decisiones que afectan al desarrollo sostenible de su costa y caladeros. Así lo manifestó el titular de Mar en un encuentro con medio centenar de representantes del sector entre los que se encontraron miembros de las cofradías de pescadores de la provincia de A Coruña, de la Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade) y de la comisión Mar-Industria de la Confederación Gallega de Empresarios (CEG), entre otros, en la sede de la Federación Gallega de Cofradías en Milladoiro, en el ayuntamiento coruñés de Ames.

El conselleiro puso en valor el consenso con el que se tramitó la norma gallega, aprobada sin ningún voto en contra y con el aval del Consello Consultivo de Galicia así como el rigor jurídico con el que se elaboró como demuestra el hecho que solo fue recurrido un 15% del articulado frente el 40% anunciado. Una decisión que provoca una grave inseguridad jurídica y ponen en riesgo a actividad del tejido mar-industria en el litoral y al empleo que genera.

El responsable autonómico señaló el hecho con el ejecutivo del Estado había puesto en marcha a tramitación del recurso ante el Tribunal Constitucional el mismo día que fue publicada la norma en el Diario Oficial de Galicia lo que demuestra la falta de voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos por parte del Estado. Además, manifestó que en el análisis preliminar del informe del Consejo de Estado en el que fundamenta la argumentación del Gobierno central se evidencia que no todos los preceptos cuestionados cuentan con el aval de este organismo. En el documento este organismo reconoce que puede haber instalaciones del complejo mar-industria en terrenos de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) así como en servidumbre de protección, algo que cuestiona el recurso de inconstitucionalidad.

Por otra parte destacó que en el Consello da Xunta celebrado el pasado jueves se autorizó que Junta se persone en el procedimiento al objeto de presentar alegatos lo antes posible, mostrando una vez más el compromiso del ejecutivo gallego en la defensa del sector marítimo pesquero. Alfonso Villares criticó que desde lo Gobierno central en funciones hagan oídos sordos y no escuche el clamor que crece cada día más en Galicia en defensa de su sector productivo y de su litoral, instando nuevamente a rectificar, dar marcha atrás y permitir que Galicia tome el timón de sus competencias sobre la costa y los caladeros.

En esta línea denunció el trato discriminatorio del Gobierno central que, mientras cuestiona las competencias de la Xunta en el litoral, pactó con el PNV -a cambio de sus votos en la investidura- a transferencia de medios personales y materiales para la gestión del litoral sin exigir ninguna reforma de su Estatuto que, por el contrario, sí exige a Galicia, cuyo estatuto recoge las mismas competencias que el vasco. El titular de Mar manifestó ante la cadena mar industria con el recurso es político y constituye un ataque frontal la este sector estratégico para Galicia ya que la Ley del Litoral de Galicia, ahora en suspenso, reconoce con total claridad el uso pesquero, marisquero y acuícola como “estratégico y prioritario” para el desarrollo sostenible del litoral.

El responsable autonómico subrayó que ninguna iniciativa legislativa sitúa a la pesca, marisqueo o miticultura con un nivel de protección tan alto como hace la norma gallega, algo especialmente relevante después de constatar cómo se aprobaron los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) por el Gobierno central: sin diálogo ninguno con las comunidades autónomas ni con los sectores implicados.

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