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El Congreso, reunido en Pleno en sesión extraordinaria, ha convalidado con 189 votos favorables, 52 votos en contra y 107 abstenciones el Real Decreto-ley de medidas de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. Asimismo, se ha aprobado su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia, con la emisión de 345 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.
El debate ha comenzado con la intervención de José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien ha defendido el texto en nombre del Gobierno. A continuación, los grupos parlamentarios, de menor a mayor representación, han tomado la palabra para fijar su posición.
La norma convalidada hoy tiene por objetivo proteger la salud de los trabajadores y viajeros, garantizar la disponibilidad de los bienes esenciales, proporcionar liquidez a las empresas y reducir las cargas administrativas. En el ámbito de la vivienda, con este texto el Gobierno pretende garantizar la protección de las familias y colectivos vulnerables e impulsar la reactivación de la economía en el citado sector. Adicionalmente, este real decreto-ley declara acontecimiento de excepcional interés público al Gran Premio de España de Fórmula 1, celebrado en el circuito barcelonés de Montmeló.
Medidas para el transporte
El importe económico de las medidas introducidas por este real decreto-ley asciende a los 663 millones de euros, destinados a la reactivación de las empresas privadas del sector transporte y a la reducción de las tasas portuarias. Asimismo, el texto aumenta la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones de euros para compensar el descenso de la demanda y concede 110 millones de euros de aportación extraordinaria a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (SEITTSA) para que pueda desarrollar sus compromisos de obras públicas.
Igualmente, el real decreto-ley convalidado hoy introduce medidas para que gestores aeroportuarios y compañías aéreas minimicen los riesgos de contagio tanto en las instalaciones aeroportuarias como durante las diferentes etapas del viaje; proporciona liquidez a las empresas del sector para hacer frente a los contratiempos financieros a corto plazo, a través de instrumentos financieros, incluidas las rebajas fiscales; y simplifica y acelera determinados procedimientos administrativos, lo que agilizará los trámites para la reactivación del sector del transporte.
Adicionalmente, se prorroga por 3 meses de la validez de los certificados de inspección técnica de los vehículos (ITV) cuya fecha límite estuviera comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020. Asimismo, la norma hace obligatorias en España las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de vuelo en el ámbito del COVID-19.
Medidas para la vivienda
En el ámbito de la vivienda, el real decreto-ley introduce medidas para incrementar
el parque de viviendas destinadas al alquiler asequible o social. De esta forma, se da un primer paso en la regulación del derecho de superficie para la promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible por parte de promotoras privadas.
Además, se autoriza a las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a redirigir los remanentes del importe transferido por el Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) correspondiente al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a aquellos ámbitos donde se estimen más necesarios. De esta forma, se pretende optimizar los fondos del citado plan.
Esta norma, asimismo, dota a las Administraciones Públicas de instrumentos jurídicos que permiten la colaboración efectiva en los distintos ámbitos de su actuación, así como la cooperación con operadores económicos, con el objetivo de incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler asequible o social para personas especialmente afectadas por la crisis ocasionada por el COVID-19.
Por último, este texto prorroga hasta el 30 de septiembre las medidas previstas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en relación con la protección de las personas arrendatarias de vivienda en situación de vulnerabilidad, así como las prohibición de suspender el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores.
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