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La Xunta compartió hoy junto a representantes de los gobiernos de Aragón, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Murcia y La Rioja, que ejerció de anfitriona, su inquietud por el actual estatus de protección del lobo ibérico en el conjunto de España, una situación que complica el mantenimiento del equilibrio entre la especie y la actividad del sector primario, con el que comparte territorio.
Durante un encuentro interautonómico para estrechar lazos y compartir posibles líneas de actuación en materias de interés común en el ámbito medioambiental, organizado por el Gobierno de la Rioja, la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, defendió en nombre de la Xunta la necesidad de que las autoridades comunitarias conozcan de primera mano la realidad de la especie en cada región.
En este sentido, explicó que el Ejecutivo gallego respondió al proceso de consultas abierto por la Comisión Europea al respeto remitiendo un completo informe el pasado 22 de septiembre en el que se constata el estado favorable de la población de lobo ibérico en Galicia y se da cuenta de todos los datos obtenidos la raíz del último censo de la especie realizado por la Xunta entre 2021 y 2022 “ante la inactividad” del Gobierno central y pese a su compromiso con la elaboración de un estudio a nivel nacional.
En la misma línea, Belén do Campo destacó que la decisión del Gobierno central de elevar el nivel de protección del lobo en el conjunto del país en septiembre del año 2021 estaba injustificada ya que la realidad y la dinámica poblacional de esta especie no aconsejaba adoptar medidas adicionales para garantizar su conservación al norte del río Duero.
Tras indicar que en la información remitida por la Xunta se incluyó también un anexo con información sobre el impacto que tiene en el sector agroganadero y en el rural, del Campo recordó el “esfuerzo económico” del Gobierno gallego en este sentido, con una inversión de casi 8 millones de euros desde 2016 a través de diferentes órdenes de ayudas.
Precisamente, todos los representantes autonómicos coincidieron en denunciar que a estas alturas del año aún esté sin hacer lo reparto de los fondos reservados para el lobo en los presupuestos de 2023. De hecho, decidieron reclamar al Ministerio a convocatoria de una conferencia sectorial extraordinaria y monográfica para abordar la distribución territorial de esas partidas, ya aprobadas en la comisión celebrada en el mes de junio.
De hecho, Belén do Campo recordó que la Xunta quedó fuera del reparto del año pasado por el “sectarismo” del Gobierno central, que vinculó el acceso la estos fondos a la suscripción de la nueva Estrategia nacional del lobo, un “chantaje”, dijo, que Galicia no aceptó y por la que sigue reclamando por vía judicial su derecho a recibir los 4,3 millones de euros que le correspondían según lo reparto acordado en 2022.
En este sentido, los representantes de los gobiernos gallego, cántabro y castellano leonés, cuyos territorios concentran el mayor número de ejemplares de lobo de todo el país, coincidieron en censurar la unilateralidad del Ejecutivo central en todas sus decisiones sobre la gestión de la especie, sin escuchar ni consultar a las principales comunidades loberas, una actitud que esperan que no se repita ante la petición de Conferencia sectorial acordada hoy y que se le trasladará al Ministerio en los próximos días.
