La Xunta colabora con el Consello da Avogacía Galega en la atención jurídica a menores de edad víctimas de situaciones de violencia

La colaboración en este ámbito busca garantizar que las personas en esta situación dispongan siempre de un profesional de la abogacía que las asista y acompañe en los órganos policiales y jurisdiccionales
Publicado por o día 19/05/2023 na sección de Santiago,Sucesos

La Xunta colabora con el Consello da Avogacía Galega en la atención jurídica a menores de edad víctimas de situaciones de violencia

La Xunta colabora con el Consello da Avogacía Galega en la puesta en marcha de acciones dirigidas a la atención jurídica a personas menores de edad víctimas de violencia y a la formación de abogados y abogadas en este ámbito. De este modo, los menores que sufren estas situaciones dispondrán siempre de un profesional especializado que les preste una atención integral y un acompañamiento legal gratuito ante los órganos policiales y jurisdiccionales durante las primeras diligencias.

Así, al igual que los profesionales del turno de oficio, en este caso también se ofrecerá una formación específica sobre el tratamiento con los menores de edad víctimas de situaciones de violencia a los letrados especializados en este servicio que el Consello da Avogacía Galega debe tener disponible todos los días del año las 24 horas. Para garantizar esta disponibilidad, el Gobierno gallego colabora en la formación de estos profesionales y facilitará material formativo sobre la erradicación de la violencia en los menores adolescentes.

Se trata de una de las líneas de colaboración abordadas en una reunión reciente entre el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, con la presidenta del organismo, Lourdes Carballo.

En el encuentro también se trataron otras dos vías de colaboración con el Consello da Avogacía renovadas este año y destinadas a, por una parte, compensar los costes de la asistencia jurídica gratuita por requerimiento judicial en un procedimiento penitenciario cuando las personas físicas o jurídicas defendidas reúnan ciertos requisitos y, por otra, al desarrollo de acciones de protección profesional a víctimas de violencia sexual.

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