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La Confederación Española de Policía celebra que el conselleiro Diego Calvo, al menos, haya sido capaz de constatar que no ha habido avances para renovar el convenio de la Policía Autonómica con el Ministerio del Interior, y le exige que, una vez constatado el estancamiento, si tan preocupados están en la Xunta, se ponga a trabajar para conseguir algún avance, porque en Andalucía, donde gobierna el Partido Popular, ya tienen nuevo Acuerdo y están incorporando agentes a su Unidad Adscrita por docenas.
El Sr Calvo debe reconocer que ha faltado a la verdad cuando afirmó que se reunió con los sindicatos policiales de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Galicia -UPA, o en su caso, debe decir con cuál se reunió y cuándo, si le ha informado de los planes de privatización de las funciones policiales desarrolladas por la UPA, y si ese sindicato estuvo de acuerdo o manifestó conformidad. Remarcan que, con la CEP, sindicato policial de referencia en Galicia, desde luego que no se ha reunido, y ni tan siquiera les han convocado, a pesar de que hace más de dos años y de manera reiterada le solicitaron una reunión para presentar la nueva ejecutiva regional electa y darle a conocer todas las disfunciones existentes en materia de interior, “pero no ha debido encontrar hueco en la agenda”.
Indican desde la organización sindical que, si tan necesario es suprimir la presencia de los policías nacionales en los edificios institucionales y en el propio Parlamento de Galicia, debería informar a los agentes implicados a qué servicio en concreto y tan prioritario se van a dedicar los efectivos que retira de esas instituciones públicas.
“Exigimos al Conselleiro que, si como dice, la UPA tiene que dejar de prestar servicios policiales por falta de efectivos, un hecho que no compartimos en absoluto, debería priorizar y cumplir primero con las competencias propias para las que se adscribió la UPA y no a arriesgar la existencia de la unidad, y si hacen falta más efectivos policiales para cubrir otras competencias no propias que se prestan en colaboración, que sea el Ministro quien dote a las comisarías para hacerlas”, remarcan desde la CEP.
La Policía no se ha creado para aparentar, sino para ser efectiva, es un servicio público de atención al ciudadano, no un escaparate político y menos un arma arrojadiza y electoral, de ahí que, respecto a la sugerencia del Conselleiro de que la CEP debería manifestarse ante la Delegación del Gobierno o ante el Ministerio, tenemos que recordarle que la UPA tiene la dependencia funcional de la Conselleria que el Sr. Calvo ostenta, y que, por ese motivo ha podido tomar la decisión de prescindir de sus servicios en los edificios e instituciones públicas del autogobierno, “que a nuestro entender rompe con el acuerdo vigente y pone en peligro la propia existencia de la UPA”, si bien, como sindicato policial que se ha manifestado en docenas de veces contra “decisiones discriminatorias” por parte de Interior, desde la CEP recalcan que no pueden pedir para Galicia una prebenda que otras comunidades si pagan.
Desde la CEP remarcan que debería preocuparse y centrar sus esfuerzos en hacer su trabajo pendiente, que no es otro, que alcanzar un nuevo acuerdo con el Ministerio Interior para dotar de nuevos agentes a la UPA gallega, como ya ha hecho su homólogo en Andalucía, porque la CEP no le va hacer su trabajo, ni va a permitir que se use a los agentes policiales en sus estratagemas de confrontación política, a la vez que advierten al conselleiro Diego Calvo que, de persistir en esta privatización de la seguridad pública, que ésta sí, es muy onerosa para los gallegos, escalarán un peldaño en la petición de responsabilidades políticas, ya que sin ninguna duda, el cese de Director de Xeral de Interior de la Xunta no es negociable, debe producirse por su manifiesta incompetencia.
“El departamento de Interior de la Xunta parece el camarote de los hermanos Marx y pretenden que condicionar las protestas hacia el Ministro o al Delegado del Gobierno y evitar su responsabilidad”
Desde el CEP indican que el Conselleiro debería de dotar de chalecos antibala a los agentes de la Policía Nacional que se encuentran bajo su dependencia, para que los agentes no tuviesen que ir a pecho descubierto a ese tipo de servicios de riesgo, porque ni tan siquiera se les ha dotado de chalecos de protección personal y llevamos una década, que se dice pronto, reclamándolos. Mejor haría el conselleiro en preguntar a su Director de Xeral de Interior el por qué no es capaz de conseguir chalecos, y no perder todos sus esfuerzos en tratar de orientar la acción sindical, y menos la de la Confederación Española de Policía, cuyo único color es la defensa del colectivo policial.
“Rogamos tanto al presidente Rueda como a Diego Calvo que levanten el teléfono y pregunten al Gobierno andaluz donde han comprado recientemente 275 chalecos para su Policía Adscrita y como consiguieron llegar a un acuerdo con Interior para completar su Unidad policial. Le aseguramos que lleva poco tiempo, y es eficaz, y si se ven incapaces en su departamento, esa gestión, sí que se la podemos hacer dese la CEP, para que ustedes puedan seguir en sus guerrillas políticas y no usar a la Policía Nacional como arma arrojadiza”, apuntan.
Denuncian que la Xunta de Galicia pone en serio peligro la existencia de la Policía Autonómica de Galicia y piden a la clase política altura de miras y que no pongan un exitoso servicio policial que lleva en funcionamiento casi 40 años
En 1990 se instrumentó el acuerdo administrativo de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Galicia en materia policial, adscribiéndose una Unidad de la Policía Nacional, por Orden del Ministerio del Interior, del 19 de junio de 1991 a esta comunidad autónoma.
Si bien, el 23 de octubre, hace dos semanas, el conselleiro de presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, anunció que efectivos de la Unidad Adscrita en Galicia de la Policía Nacional dejarán de realizar sus funciones en el Parlamento y en el Complejo de San Caetano ante la escasez de personal para realizar otros servicios, un hecho que contraviene dicho acuerdo, denuncian desde la Confederación Española de Policía.
Y es que la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone el marco competencial que corresponde a las comunidades autónomas respeto de sus Policías. Recogiendo en su artículo 38 que las comunidades autónomas en cuyos estatutos esté previsto crear Cuerpos de Policía para el ejercicio de funciones de vigilancia y protección, a las que se refiere el artículo 148.1.22ª de la Constitución y las demás que le atribuye la presente ley, podrán ejercer con carácter de propias las siguientes funciones:
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la comunidad autónoma.
- La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la comunidad autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los/as usuarios/as de sus servicios.
- La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la comunidad autónoma, denunciando toda actividad ilícita.
El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia comunidad autónoma.
Estas funciones se recogen expresamente en el acuerdo administrativo de colaboración en materia policial firmado entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Galicia el 22 de octubre de 1990, y en los subsiguientes acuerdos sobre nuevas prórrogas, así como en la Orden del Ministerio del Interior, del 19 junio de 1991, por lo que el incumplimiento del mismo, hecho que se da en el segundo punto como denuncia el sindicato CEP, le abriría la puerta al Ministerio del Interior a la eliminación de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Galicia, más comúnmente llamada “Policía Autonómica”.
Además, ha llegado el temor a todas las dependencias de esta unidad, de que el conselleiro adopte más recortes como dejó caer en su intervención ante los medios, y que los mismos afecten a policías a turnos 6×6 o los servicios que realicen muchos de ellos en materia de seguridad en las dependencias policiales o escoltas, privatizando los mismos para liberar a gentes para realizar otras tareas, lo que supondría una merma económica y muchos problemas de conciliación familiar.
