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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció que el Consello acordó hoy abrir el periodo de exposición pública del anteproyecto de Ley del clima de Galicia, una normativa que busca “darle rango de legal al compromiso de que Galicia sea una comunidad climaticamente neutra en 2050”, es decir, “que las emisiones queden neutralizadas gracias a la capacidad de absorción que podemos ofrecer”.
Para conseguir esta meta, Rueda explicó que se va a trabajar para “reducir en un 57% las emisiones de efecto invernadero hasta 2030”, para que las acciones vinculadas al clima “sean un eje prioritario en todas las políticas de la Xunta” y garantizar el equilibrio entre “conseguir estos objetivos y el fortalecimiento de la actividad económica”.
A través de esta norma se transformará en un deber vinculante la consecución del reto de la neutralidad climática en Galicia. Además de esta meta principal y precisamente para ayudar a lograrla, la nueva ley gallega se marca cómo objetivos introducir el clima y las acciones necesarias de mitigación —para reducir las fuentes de emisión o potenciar las alcantarillas de GEI— y de adaptación —para mejorar la resiliencia de Galicia y sus sectores más relevantes ante el cambio climático— como un eje prioritario y transversal en todas las políticas sectoriales de la Xunta, y también el establecimiento del deber de proteger, conservar y restaurar el clima por parte tanto de las administraciones públicas gallegas como de la sociedad en general.
Se busca así una ley que garantice el respeto a los límites ecológicos y que tenga entre sus principios rectores el de no causar un perjuicio ambiental significativo.
Tal y como explicó el presidente, la futura Ley se apoyará en tres instrumentos de planificación para avanzar en el cumplimiento de estas metas: la Estrategia gallega de cambio climático y energía 2050 y sus planes de seguimiento, aprobada en 2019 y en la que se fijó por primera vez el compromiso de una Galicia climáticamente neutra; los llamados presupuestos de carbono, instrumentos quinquenales que fijan los límites totales de emisiones GEI en Galicia como brújula y hoja de ruta que sierva para orientar la acción política; y los planes de acción para el clima y la energía sostenible, fijados como deber para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Estructurada en 7 títulos y con un total de 54 artículos, la Ley del clima de Galicia recoge tanto los objetivos cualitativos como las líneas estratégicas que se desarrollarán en la Comunidad en los próximos años en materia de mitigación y de adaptación al cambio climático.
En esta línea, el anteproyecto prevé tanto instrumentos de planificación como una serie de herramientas o iniciativas de diversa índole en que apoyarse para lograr sus principales objetivos. Entre las novedades hace falta subrayar la creación de un nuevo centro de conocimiento adscrito a la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda que concentre la actividad científica y tecnológica en la materia.
Asimismo, para avanzar en la gobernanza y en la dimensión social de las políticas de clima se constituirá una comisión interdepartamental para coordinar la acción de las distintas consellerías, se creará un consejo asesor de expertos y un portal de acción climática, que servirá como ventana de divulgación y transparencia, y se regulará por ley la Alianza por el clima para conseguir el compromiso de todos los agentes que operan en Galicia con el clima.
Por último y para contribuir también a la planificación climática, se recoge la necesidad de que los procesos de contratación de la Administración gallega se rijan por los principios rectores de la propia ley y sirvan así como ejemplo de una nueva manera de relacionar la actividad humana con el ecosistema en que se lleva a cabo, al tiempo que se aboga por un modelo productivo y de consumo circular basado en el reaprovechamiento de los recursos.
Cerrar el círculo de la sostenibilidad
Con el impulso a la Ley del clima de Galicia, la Xunta responde a los compromisos asumidos en materia climática en el ámbito internacional —con la firma de la memoria Under2 en el marco de la Cumbre internacional sobre cambio climático de 2021 en Glasgow o la más reciente adhesión a la Misión de adaptación de la UE— y da cumplimiento a la vez a la proposición no de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento autonómico a finales de 2021 y en la que se instaba a la Xunta a aplicar políticas climáticas en el ámbito gallego ante este fenómeno global.
Además, tal y como explicó el titular del Gobierno gallego, esta norma permitirá seguir avanzando en la senda de las medidas iniciadas y aplicadas ya en los últimos años para hacer frente a los efectos del cambio climático y que están dando sus frutos. Rueda recordó que “Galicia es la segunda comunidad que más redujo las emisiones de efecto invernadero desde 1990 (un 34%)” y que en el 2021 también fue la comunidad “con mayor capacidad de absorción de CO2”, ya que se incrementó en “casi un 100%” con respeto al mismo año de referencia.
En este sentido, con la tramitación de la Ley del clima, Galicia aspira a cerrar el círculo normativo de la sostenibilidad que había iniciado en el año 2019 con la aprobación de la Estrategia gallega de cambio climático y energía 2050 y de la Estrategia de economía circular 2020-2030 y la entrada en vigor en 2021 de la Ley de residuos y suelos contaminados.
De igual manera, la futura norma también se enmarca y vendrá a complementar otras acciones relevantes en materia de clima que está desarrollando o en las que participa la Xunta como, por ejemplo, el Pacto de las alcaldías por el clima y la energía —iniciativa en que el Gobierno autonómico actúa como coordinador—, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible o la Alianza gallega por el clima, que sitúan Galicia en la vanguardia de las regiones europeas comprometidas con la acción climática y la sostenibilidad económica y ambiental.
Por último y en cuanto a la tramitación, una vez que el texto supere la fase de información pública y audiencia —que se abrirá en los próximos días por el plazo de un mes—, se estudiarán todas las alegaciones recibidas para valorar posibles mejoras e incorporaciones al texto inicial y se remitirá a los órganos de consulta procedentes, como el Consejo Gallego de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. La previsión es poder remitir el proyecto de Ley al Parlamento en el último trimestre de este año.
