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A Laracha (A Coruña), 27 de mayo de 2022.- La Xunta de Galicia advirtió hoy de que el plazo fijado por ley por el Gobierno central para implantar el contenedor marrón para la recogida de biorresiduos, que finaliza el próximo 30 de junio, resulta “totalmente inasumible” para la mayor parte de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.
En el marco de una reunión con los ayuntamientos de A Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Santa Comba y Arteixo, que tienen implantada ya la recogida de la fracción orgánica, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, recordó que la Ley de residuos estatal —en vigor desde el pasado 10 de abril— introduce plazos “mucho más restrictivos” que los fijados por la UE para realizar esta transición.
Así, explicó que la directiva comunitaria sobre residuos fija como límite el 31 diciembre de 2023 para que todas las entidades locales europeas cumplan con este deber. Sin embargo, añadió que, “voluntaria e inexplicablemente”, el Ejecutivo central decidió acortar en año y medio estos tiempos en el caso de los municipios de más de 5.000 habitantes, tal y como se recoge en la nueva Ley de residuos estatal.
Además, subrayó que los ayuntamientos que dentro de poco más de un mes no logren acreditar que cuentan ya con una recogida selectiva de su fracción orgánica se enfrentarán a sanciones económicas de hasta 100.000 euros ya que, según explicó, la propia norma fija como infracción grave el incumplimiento de este deber.
Tras recordar que la Xunta presentó en su día alegatos al proyecto legislativo para oponerse al adelanto del calendario establecido por la UE, Ángeles Vázquez lamentó la actitud del Gobierno central, que siguió adelante a pesar de las advertencias reiteradas de la Xunta y mismo de la Fegamp sobre las dificultades que tendrían las entidades locales para cumplir con los objetivos en materia de biorresiduos en mucho menos tiempo del previsto.
Frente a esta decisión “unilateral” por parte del Ejecutivo estatal, la conselleira subrayó que el Gobierno gallego redactó una Ley de residuos autonómica “acorde y coherente” con la directiva marco comunitaria e impulsó también la Estrategia gallega de biorresiduos y residuos municipales, con un presupuesto de 60 millones de euros y destinada a garantizar que la gran mayoría de los 295 ayuntamientos adscritos a Sogama dispongan de una planta de compostaje o de transferencia a menos de 50 km de distancia.
A tal fin, se diseñó una red de infraestructuras compuesta por 17 instalaciones —4 dirigidas al tratamiento de los residuos orgánicos y 13 plantas de transferencia con una tolva específica para recoger estos residuos—.
Una de ellas es la planta de biorresiduos de Sogama en Cerceda, en funcionamiento desde el año 2020 y con la que actualmente han suscrito un convenio los cinco ayuntamientos coruñeses con los que se reunió esta mañana la conselleira.
En este sentido, la responsable autonómica indicó que hasta el momento estas instalaciones ya recibieron una aportación de cerca de 1.000 toneladas de materia orgánica.
Tras indicar que las aportaciones aún son modestas en cantidad, dijo que la calidad del material recibido es “muy buena” ya que según las caracterizaciones realizadas por Sogama, el porcentaje de elementos propios —es decir, materiales que deben depositarse en el contenedor marrón, como restos de alimentos y jardinería—oscila entre el 95% y el 98%.
Conseguir estos resultados, en todo caso, no fue un proceso fácil. Tras poner a los ayuntamientos presentes hoy “como ejemplo” para el resto de Galicia y felicitarlos por el esfuerzo realizado, Ángeles Vázquez explicó que para implantar el quinto contenedor estos municipios tuvieron que reestructurar su servicio de recogida de basura con el fin de incorporar la nueva fracción de una forma eficaz.
Un proceso de adaptación, indicó, que requiere modificar contratos o mismo sacar nuevos concursos, movilizar más recursos económicos y disponer del tiempo necesario para llevarlo a cabo, circunstancias que, tal y como dijo, el Gobierno central “ignoró” cuando decidió imponer por ley requisitos temporales mucho más restrictivos que los de la propia UE.
Por ultimo, tras recordar que la gestión de los residuos domésticos es una competencia municipal, la conselleira indicó que, en todo caso, la Xunta seguirá a un lado de los ayuntamientos para ayudarles a cumplir con sus deberes y con los objetivos marcados a nivel comunitario a través de la referida estrategia.
