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El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, trasladó hoy el apoyo de la Xunta de Galicia al sector de la cogeneración, que reclama al Gobierno central un nuevo marco regulatorio que garantice su futuro.
Conde mantuvo esta tarde una reunión con representantes de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), que integra 150 asociados entre los que destaca la industria fabricante de pasta, papel y tarjeta, la de alimentación y bebidas y los fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos.
Tal y como expusieron en la reunión, uno de los principales problemas que vive este sector es lo de la incertidumbre regulatoria, puesto que muchas plantas están cerca del final de su vida útil y aun no saben si el Gobierno decretará una extensión que les permita recibir retribución a la operación durante más tiempo.
A pesar de que en septiembre de 2022 el Ejecutivo central incluyó la cogeneración en el sistema de compensación del mecanismo ibérico —tal y como se reclamaba desde Galicia—, el sector cerró el año con una reducción del 52 por ciento sobre la producción de 2021 porque, al caer el precio del gas, la medida prácticamente no tuvo efecto. En lo que va de año, entre un 30 y un 40 por ciento de las plantas siguen haciendo paradas de actividad.
El sector reclama un nuevo marco para operar en el cual, entre otras cosas, se modifique el plazo de pago de las retribuciones reguladas, se eliminen las horas mínimas de operación de las plantas y las barreras a la hibridación con fotovoltaicas y eólicas en industrias que tienen cogeneración. De hecho, una de las tendencias actualmente es la transición a la cogeneración renovable a través del relevo del gas por otros gases renovables como el biometano o el hidrógeno.
Para eso, otra de las demandas del sector —del que en Galicia existen 63 instalaciones con una potencia de 501 MW— es un marco para invertir, para lo cual es necesario que el Gobierno convoque las subastas para adjudicar los 1200 MW de cogeneración que aún están pendientes.
La Xunta de Galicia se suma a estas reivindicaciones porque considera indispensable para el futuro del sector que pueda disponer de un marco favorable para las plantas existentes y para nuevas inversiones.
