La Xunta tramitará una ley para agilizar y dotar de seguridad jurídica los procesos de estabilización gallegos

El vicepresidente primero subraya que facilitará convocar todos los procesos al amparo de la Ley 20/2021 “ante de que finalice este año”
Publicado por o día 13/10/2022 na sección de Galicia,Santiago,Sucesos,Xunta de Galicia

La Xunta tramitará una ley para agilizar y dotar de seguridad jurídica los procesos de estabilización gallegos

Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2022.- El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, anunció hoy tras la rueda de prensa del Consello que la Xunta tramitará una ley para agilizar y dotar de seguridad jurídica los procesos de estabilización que se desarrollarán al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. “El texto fue negociado con los sindicatos en estas últimas semanas y ahora se remitirá al Parlamento para que sea tramitada y poder convocar todos los procesos al amparo de la Ley 20/2021 antes de que finalice este año”, avanzó Conde.

Según resaltó el vicepresidente primero, el objetivo es “agilizar y facilitar el desarrollo de los procesos de estabilización”. En este sentido, recordó que al amparo de la Ley 2020/21, la Xunta aprobó en mayo la OPE de la Administración Pública que incluye “más de 10.300 plazas para la estabilización”. De ellas, según precisó, más de 8.000 se adjudicarán por sistema de concurso de méritos y otras 1.600 por concurso-oposición.

El proyecto de ley, hoy aprobado por el Consello da Xunta, permitirá además salvar todos los defectos e imprecisiones que contiene la Ley 20/2021 y convocar antes de 31 de diciembre de 2022 todos los procesos de estabilización que se desarrollarán en el marco de esta ley. El proyecto contó con el voto a favor de CC.OO., UGT y CSIF en la Comisión de Personal.

La Ley 20/2021, de medidas urgentes, distingue dos tipos de procesos: uno de estabilización mediante el sistema de concurso de méritos, en el cual se valorarán exclusivamente los méritos, y otro a través del sistema de concurso-oposición, que comporta la realización de exámenes. El primero de los procesos se empleará para ofertar todas las plazas que estuvieran ocupadas de forma temporal y de manera ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, mientras que el segundo será de aplicación a las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente por lo menos los tres años anteriores a 31 de diciembre del año 2020.

En este marco, la Xunta ya aprobó el pasado mes de mayo los decretos de oferta de empleo público (OEP) de la Administración pública, en los cuales se incluye un total de 10.338 plazas para este proceso de estabilización de empleo. De ellas, 8.703 se seleccionarán por el sistema de concurso de méritos y otras 1.635 a través de un concurso-oposición. Con la incorporación de personal fijo en estas plazas de estabilización, más las plazas ya convocadas, la tasa de temporalidad se situará por debajo del objetivo del 8 % fijado por la legislación del Estado.

Proyecto de ley

El Proyecto de ley aprobado hoy en la reunión del Consello da Xunta incluye diversos aspectos que facilitarán el desarrollo de los procesos de estabilización con la máxima seguridad jurídica para los empleados públicos.

Entre ellos destacan los criterios de baremo negociados con las organizaciones sindicales para los procesos o la puntuación que representará la fase de oposición en aquellos procesos que se realicen mediante el sistema de concurso-oposición.

El proyecto también recoge que solamente se valorarán los servicios prestados con vinculación temporal en la propia escala o categoría profesional objeto de la convocatoria tanto en la Xunta como en cualquier otra Administración. Además, el texto establece también que la fecha de valoración de los méritos será la fecha de publicación de las convocatorias en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Más agilidad

Conde destacó que la nueva ley incluye medidas para “agilizar” la resolución de los procesos, como la posibilidad de nombrar una o varias comisiones de valoración en los procesos de concurso o la opción de aprobar bases comunes que podrán ser aplicadas en los distintos procesos.