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La Xunta de Galicia urgió hoy al Consejo de Estado a que le traslade “lo antes posible” su dictamen sobre la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia en el que se basa el recurso de inconstitucionalidad en contra de esta norma, cuya presentación fue anunciada la pasada semana en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Después de subrayar que la única comunicación oficial sobre esta cuestión fue una llamada telefónica al presidente de la Xunta, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, exigió “claridad y respeto” al Gobierno central porque la Ley del litoral “no va contra la Constitución ni va contra la Ley de espaldas”, sino que responde a la defensa de los legítimos intereses de Galicia en base a las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.
De hecho, hace falta destacar que a lo largo de su tramitación, que fue muy participada, ni el Observatorio del Litoral, ni el profesorado de las 3 universidades gallegas, ni ninguno de los expertos juristas consultados le vino trazo de inconstitucionalidad. Y, además, segundo recordó la vicepresidenta segunda, en su tramitación parlamentaria “no tuvo ni un solo voto en”contra .
En esa línea, y con la voluntad de mantener el consenso con el que fue elaborada la ley, el Gobierno gallego mantendrá una ronda de reuniones con los sectores vinculados al litoral de la Comunidad. Así, esta mañana a vicepresidenta segunda y el conselleiro del Mar, Alfonso Villares, se reunieron con Marta García y Francisco Javier Sanz Larruga, responsables del Observatorio del Litoral, reconocido grupo de investigación dependiente de la Universidade da Coruña especializado en el estudio y análisis de cuestiones jurídicas relativas al litoral.
La mayores, la conselleira lamentó el procedimiento elegido por el Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional antes de ponerse en contacto con la Administración autonómica y llevar a cabo una comisión bilateral en la que dialogar y llegar a consensos. “Se le priva a la Administración autonómica de esa posibilidad que siempre se da y que nosotros siempre le damos al Gobierno central cuando hay leyes con las que no estamos totalmente de acuerdo, como, por ejemplo, con la ley de vivienda”, incidió Ángeles Vázquez.
La conselleira también hizo hincapié en el “mar de incertidumbres” que genera la decisión del Gobierno central de presentar este recurso con la paralización de proyectos importantes tanto para los ayuntamientos como para la cadena mar-industria.
Por su parte, el conselleiro del Mar señaló que la ley del litoral gallega fue elaborada con mucha información y redactada por profesionales que conocen más que nadie de esta materia, expertos del ámbito universitario “que se tomaron el tiempo necesario para alcanzar un documento bien cimentado y muy bien argumentado”. Un importantísimo trabajo jurídico que hace que resulte, según Alfonso Villares, “que sea tan difícil de entender este recurso”.
“Estamos hablando de la generación de nuevos puestos de trabajo que esta impugnación deja en el aire, cortando todas las expectativas de las empresas y generando una confusión enorme”, argumentó el conselleiro, que denunció “una incertidumbre que alcanza al sector mar-industria en su conjunto”. Una actividad que en Galicia sustenta 40.000 empleos y genera alrededor de 9.000 millones de euros de impacto en la economía autonómica.
Alfonso Villares argumentó que “parece que al Gobierno le molesta nuestra defensa del sector”. Por eso, señaló que desde la Xunta de Galicia lo que toca ahora es reunirse con todo el sector, que ya transmitió su preocupación e inquietud porque se vaya contra una ley que había sido consensuada con ellos. “Todos los implicados en la elaboración de esta norma valoraremos las mejoras medidas para seguir defendiendo nuestro litoral, a nuestro sector mar-industria y todos esos puestos de trabajo que el recurso ponen en peligro”, dijo.
