La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pide al nuevo Gobierno que dé un impulso fuerte y decidido a las políticas de protección de los consumidores que se ha visto lastrada por los efectos de la crisis.

La creación de un ministerio de consumo, puede ser un elemento positivo que impulse sus políticas y refuerce su transversalidad, pero al mismo tiempo advierte, que es necesaria una profunda reforma de las competencias en esta materia para mejorar su coordinación y su eficacia. De lo contrario se corre el riesgo de que sea una medida puramente estética y sin efectos reales para los consumidores.

OCU considera urgente incluir la definición de consumidor vulnerable en la Ley de Defensa de los Consumidores, primer paso para aumentar la protección de quienes más lo necesitan. Además, es necesario dotar de más eficacia a los mecanismos de protección de los consumidores, para conseguir que sus derechos básicos se apliquen de forma efectiva, dotando de carácter vinculante a las resoluciones de la Administración y permitiendo la indemnización y resarcimiento del daño a los consumidores que se ven obligados a poner una reclamación.

De la misma forma y en línea con las propuestas de revisión de la normativa europea, OCU cree necesaria una reforma y endurecimiento de las sanciones en materia de consumo, que impidan que a las empresas les salga más barato pagar una multa que cumplir con la normativa, además de una reforma que elimine los obstáculos que hoy existen para el desarrollo de las acciones colectivas.

Según han anunciado los medios de comunicación, el nuevo ministerio de consumo asumirá las competencias en materia de juego. En este aspecto, OCU exige que con urgencia se aborde la normativa sobre publicidad del juego que prohíba la publicidad de las apuestas y el juego online, además de que se endurezca los controles de acceso a las salas y se limite la proliferación de locales de juego.

En cuanto a las políticas sectoriales que abarcan diferentes ámbitos como la energía, la salud, la alimentación, la vivienda, el mercado digital, la movilidad, la seguridad, los servicios financieros y el consumo sostenible, que inciden notablemente en la calidad de vida de los ciudadanos, OCU pide al nuevo ministerio que lidere la aplicación de la normativa de protección de los consumidores en los diferentes sectores de actividad que afectan a los consumidores.

Entre las diferentes medidas destacan:

• Impulso del Bono Social: se debe facilitar su tramitación simplificando el proceso con fórmulas de aplicación automática como ya se hace en otros países para que todas las familias que lo necesitan puedan acceder a él de manera rápida, incluyendo medidas que faciliten la competencia.
• Reducción de las listas de espera: para aportar una mayor transparencia en la gestión de las listas de espera hay que desarrollar un nuevo sistema de información en el que se incluya la totalidad del proceso de atención médica.Además, se debe generalizar de la garantía de los tiempos máximos de espera.
• Mejora del etiquetado de los alimentos: para favorecer los alimentos más saludables con la introducción de Nutriscore como etiquetado obligatorio y que se incluya el origen en los alimentos procesados.
• Regulación de las Plataformas online y la nueva economía: que establezca requisitos de transparencia en las webs de búsqueda y determine de forma clara las responsabilidades de las plataformas.
• Incentivos fiscales al alquiler. Para aumentar la oferta del alquiler, hay que sacar al mercado las viviendas que en la actualidad se encuentran vacías. La solución no es elevar los impuestos sobre ellas, sino estimular a través de deducciones fiscales el alquiler de viviendas a los particulares, incluyendo ayudas a la rehabilitaciónde viviendas que sean puestas en el mercado de alquiler.
• Apoyar el uso de vehículos menos contaminantes: mediante una fiscalidad en la que se paguen los distintos impuestos de matriculación y circulación en función de lo que realmente contaminan los coches (sin que esto suponga una subida global de los impuestos que se pagan).
• Mejorar la seguridad de los productos: limitando la exposición a productos químicos peligrosos, reformando el marcado CE y obligando a los fabricantes a garantizar la seguridad de los productos.
• Creación de una agencia de protección en el ámbito financiero: que garantice la seguridad y restablezca la confianza en el sector financiero, modifique el sistema de reclamaciones dotándolas de carácter vinculante y promueva una normativa sobre crédito responsable que ponga fin a los abusos en la concesión de créditos.
• Desarrollar estrategias para incentivar al ciudadano sostenible. Incentivando fiscalmente las opciones más éticas y ecológicas, promoviendo la reducción del consumo de plásticos, de productos envasados y sobre todo mejorando la información sobre el impacto de los distintos bienes y servicios.
• Medidas para combatir la obsolescencia prematura: mejorando la durabilidad de los productos, la reparabilidad, la información sobre la vida útil y aumentando las garantías de los productos.

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