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Policías nacionales y guardias civiles se manifestaron este martes en Lugo convocados por el sindicato de la Policía Nacional de referencia en Galicia, Confederación Española de Policía (CEP), y apoyados por la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) dentro de su campaña de reivindicación de “Dignidad Policial” para denunciar el abandono que sufren tanto en medios humanos como materiales mientras el Gobierno Central riega en forma de lluvia de millones la financiación de las Policías Autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra, con una inversión nunca antes vista que alcanza ya los 1.512 millones de euros en los últimos seis años, y es que califican que “mientras unos reciben una lluvia de millones de euros y efectivos policiales otros reciben una lluvia de agravios, desprecios y promesas incumplidas”.
Con esta práctica, el Gobierno realiza un dopaje presupuestario que permite a Cataluña mantener una seguridad pública con mayores recursos y capacidades financieras que el resto de España, efectuándose una discriminación salarial, de estatus de profesión de riesgo y de jubilación en edad y cuantía económica que a ellos le niegan.
Denuncian que el buen hacer de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Galicia contrasta con la realidad delincuencial de Cataluña, País Vasco y Navarra, ya que estos cuerpos policiales han podido contener con su trabajo la subida de los delitos en mayor medida que en estas comunidades, y ahora se les niegan efectivos policiales, medios y derechos sociolaborales que se le otorgan a policías de comunidades autónomas con gobiernos independentistas.
Galicia en la actualidad cuenta con una Unidad Adscrita con un 33% menos de personal que cuando se creó, que unido a las necesidades actuales de las comisarías superan los 500 agentes, esto sin contar con las necesidades de la Guardia Civil.
Pero es que, además denuncian, lo que constituye un agravio “escandaloso e indignante para los policías nacionales porque seguimos sin tener la consideración de profesión de riesgo -que permita una jubilación anticipada sin perder dinero- o una jubilación digna”, el Ejecutivo central viene haciéndose cargo, precisamente, del coste de las cotizaciones recargadas por la jubilación anticipada de los Mossos desde el año 2022, por un importe de 125,6 millones de euros. Ese mismo esfuerzo presupuestario para costear la jubilación anticipada de Cuerpos policiales autonómicos se está aplicando a la Ertzaintza (103,2 millones de euros, desde 2019) y a la Policía Foral de Navarra (7,77 millones de euros, desde 2022). Esta situación contrasta enormemente con la intención del Ministerio del Interior de elevar la edad de jubilación de los policías nacionales a los 67 años con una pensión bastante inferior a la de los otros cuerpos policiales, que se pueden jubilar a los 59 años, lo cual no se entiende por parte de un Gobierno que se llama progresista y que crea con esta discriminación la nueva esclavitud del siglo XXI.
Remarcan que la generosidad del Gobierno central, que dedica fondos de todos a mejorar la seguridad de unos pocos, constituye otro ejemplo del abismo que separa al Ministerio del Interior de los policías nacionales. Lugo sigue con una comisaría del paleolítico, como poco, y sin una Unidad de Prevención y Reacción que vigile el ocio nocturno y puntos negros, una denuncia que llega después del grave apuñalamiento sufrido este fin de semana. Y esto es así porque Interior sigue despreciando las principales reivindicaciones que plantean los representantes de los policías, como son “una jubilación digna, para no perder cientos de euros al mes después de toda una vida protegiendo la de los demás; ser considerados, al igual que otros muchos colectivos y Cuerpos de seguridad, profesión de riesgo, para poder anticipar la edad de jubilación y percibir la pensión mejorada que planteamos; lograr una equiparación salarial real, para no seguir cobrando menos sueldo que otros Cuerpos autonómicos y locales; y contar con mayor protección física y jurídica frente al intolerable aumento de agresiones”. Precisamente por la negativa de Grande- Marlaska a negociar estas mejoras, CEP mantiene desde hace un año ya, un conflicto colectivo frente al Ministerio del Interior, de tal forma que esta organización sindical no participa en ninguna de las reuniones del Consejo de Policía, órgano paritario en el que se sienta la Administración con los sindicatos representativos de nuestro Cuerpo.
Por otra parte, esos 1.512 millones de euros dedicados por el Gobierno a las Policías autonómicas equivalen a todo el presupuesto del Programa de Acción Social de la Policía Nacional de 135 años. O permitirían, por ejemplo, comprar hasta 386.000 pistolas eléctricas de última generación -las coloquialmente conocidas como táser- para mejorar los medios de intervención y la seguridad de los policías. O servirían para disponer de otros 1,6 millones de chalecos antibalas externos. O para actualizar comisarías tan obsoletas como la de Lugo, Pontevedra o Ferrol, o crear unidades de prevención y reacción en Lugo, Pontevedra y Ferrol y ampliar las de Vigo, Santiago, Orense y Coruña. Es más, ese presupuesto equivale al coste que tendría la renovación de todos los edificios que albergan las Comisarías Provinciales y Locales de nuestro Cuerpo en toda España o al renting durante cuatro años de más de 32.000 vehículos patrulla híbridos para las unidades de seguridad ciudadana.
Precisamente por ello, el esfuerzo que ha realizado el Ejecutivo central en inyectar dinero en las Policías autonómicas supone una ofensa de tal gravedad que en CEP reclaman que el ministro del Interior debe cesar o ser cesado cuanto antes. “Hoy, mejor que mañana. Lo contrario supone prolongar una agonía que le llevará a ser recordado como el peor titular de ese departamento en cuanto a derechos profesionales de los policías”.
