El Instituto Nacional de Estadística revela que en el segundo trimestre de 2019 se produjeron 23 concursos de acreedores de personas físicas en Galicia de los 626 que hubo en toda España.

Un mecanismo legal que posibilite volver a empezar a aquellas personas que por las circunstancias que sean han quebrado. Eso es, grosso modo, la Ley de Segunda Oportunidad, un soporte legislativo que desde el año 2015 ofrece una solución para aquellos casos de bancarrota o insolvencia grave en el que distintos autónomos o particulares deudores se han visto envueltos. 

A pesar de que pocos gallegos, según datos del INE, se acogen a ella, esta ley resulta muy útil para renegociar o exonerar las deudas pendientes y ofrecer así una posibilidad de resetear su situación financiera a personas físicas que han pasado por un bache económico. De hecho, cada vez en más casos es la única solución para individuos que han perdido la totalidad de sus bienes y patrimonio.

Los datos de Galicia

Si bien es cierto que la Ley de Segunda Oportunidad apenas alcanza el lustro de vigencia, cada vez son más los ciudadanos españoles que se acogen a ella. Tal es así, que en el segundo trimestre de 2019 se registraron 626 casos a nivel nacional, de los cuales solo el 4% se produjeron en la región gallega.

Ese porcentaje tan pequeño se traduce en 23 procedimientos repartidos de la siguiente forma entre las cuatro provincias: A Coruña, 11; Lugo, 6; Pontevedra, 5 y Orense con 1. Aunque el Instituto Nacional de Estadística no recoja aquellos casos que se resuelven por vía extrajudicial o los que aún no se han formalizado porque están en la fase previa, la realidad es que este mecanismo legal es tan poco utilizado como conocido en Galicia.

De hecho, la cifra de concursos de acreedores de personas físicas volvió a disminuir en el tercer trimestre y ni siquiera se alcanzó la decena de casos. De los nueve registrados, cuatro fueron de personas físicas sin actividad empresarial y cinco con actividad económica. 

¿Cómo acogerse a ella?

Angel Andújar, abogado coruñés de Segunda Oportunidad Galicia, conoce muy bien esta ley y explica que tiene acceso a ella “cualquier persona que no pueda hacer frente a sus deudas, siempre que no haya solicitado este procedimiento en la última década, o tenga antecedentes penales en delitos socioeconómicos contra la Seguridad Social o la Hacienda Pública”. Asimismo, recuerda que “el único límite es que la cuantía total de la deuda no supere los cinco millones de euros”.

De la regulación de estos puntos se encarga el Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, que también considera trascendental probar que el individuo es incapaz económicamente. Es decir, que carece de los medios necesarios para saldar las deudas contraídas y que, además, las adquirió actuando de buena fe y no de forma voluntaria a sabiendas que no iba a poder asumirlas.

Agotar la vía extrajudicial

No todas las reclamaciones de este tipo llegan hasta el final, que suelen ser los tribunales. El método general insta a tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos entre los acreedores y en caso de no conseguirlo, persistir y acudir al Juez para conseguir liberarnos de las deudas, una vez se liquiden todos los bienes, si es que los hubiera.

Para concluir, este letrado considera que “es un procedimiento interesante que puede resolver problemas de insolvencia”, aunque no quiere obviar que “se trata de un procedimiento complejo y muy especializado, que no sirve para todos los casos y que por tanto requiere de un estudio previo”.

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